"Billetera mata futuro intento de ahogo financiero". Esta podría ser la máxima "jacobiana" (por el mediático Jacobo Winograd) que podrían aplicar los intendentes de San Miguel de Tucumán y Famaillá, Domingo Amaya y JuanEnrique Orellana, respectivamente, si es que el Poder Ejecutivo (PE) decidiera "cortarle los víveres" ante una eventual pelea política con el gobernador, José Alperovich.

El 22 de junio pasado, cuando quedó conformada la lista de precandidatos a diputados del Frente para la Victoria, tanto el amayismo como el orellanismo quedaron fuera de la nómina. Aunque los dos sectores juraron fidelidad al alperovichismo, desde el momento en que no encontraron lugar en la grilla de candidatos las hipótesis sobre una ruptura a futuro de los dos espacios peronistas comenzaron a tejerse como telarañas. Más aún luego de que en provincia de Buenos Aires, el intendente de Tigre, Sergio Massa, se animara a cruzar el cerco y enfrentar al cristinismo en la próxima contienda electoral.

En Tucumán, hay quienes siguen de cerca el caso del massismo. Antes de dar la sorpresa, el ex jefe de Gabinete kirchnerista fue previsor: su Municipalidad cuenta con un ahorro de $ 200 millones. Ese monto de dinero le alcanzará para pagar salarios por los próximos 14 meses. Lo mismo sucede con el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, quien ya tiene ahorrado $ 110 millones, según un informe publicado días atrás por el diario La Nación.

Campanadas locales
Aunque no lo digan abiertamente cuando el grabador está encendido -y menos ahora que se avecinan las PASO- los jefes municipales de la Capital y de Famaillá y sus colaboradores más directos se jactan de haber realizado las previsiones necesarias para poder funcionar "con tranquilidad", ante un eventual cese de la ayuda económica que el PE les envía todos los meses, mediante el Pacto Social.

Esta herramienta financiera se generalizó luego de la crisis de 2001, con el objetivo de sanear las famélicas cuentas de los municipios. Los distritos cedieron sus recursos coparticipables al Gobierno provincial a cambio del pago de salarios y la realización de obras públicas. Es por eso que, cada año, los Concejos Deliberantes deben avalar la adhesión al Pacto Social.

Con el paso de los años y el crecimiento económico del país, las municipalidades comenzaron a recibir más dinero en concepto de coparticipación impositiva, al tiempo que también mejoraron la recaudación propia. Paulatinamente, las cuentas empezaron a sanearse y la deuda arrastrada de gestiones anteriores comenzó a disminuir. En la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, se atribuyen la cancelación de la deuda con los acreedores privados. Los amayistas aseguran que el municipio capitalino tiene un pasivo de sólo $ 500 millones con el Gobierno provincial; es decir, un tercio del presupuesto general de este año ($ 1.420 millones). Siempre que tienen oportunidad, los dirigentes aliados a Amaya sacan a relucir que hace 10 años la deuda global municipal llegó a representar tres presupuestos. "Estamos en condiciones de pagar toda la deuda, pero hacer eso ahora significaría salir del Pacto Social y romper políticamente con el Poder Ejecutivo. Eso no va a pasar, al menos por el momento", señaló un referente amayista a este diario.

De acuerdo a lo presupuestado para esta año, al municipio capitalino le ingresarán $ 1.302 millones, de los cuales el 42% ($ 546 millones) corresponden a la recaudación propia generada por el cobro de tasas. El 58% restante ingresará a través de la coparticipación federal y del Fondo Soja ($ 760 millones), según las previsiones financieras. Esos son los recursos que retiene y administra el Poder Ejecutivo a la capital. No obstante, en el amayismo piensan que podrían "sobrevivir" sin la ayuda mensual de la Provincia.

El caso de Famaillá es similar al de la capital, aunque en menor escala. Según los responsables de las finanzas de esa ciudad, Famaillá cuenta con un presupuesto anual de $ 80 millones y recibe $ 4,5 millones por mes a través del Pacto Social, que son destinados al pago de salarios y obras públicas. "Si nosotros rompemos con el PE, recibiríamos como $ 10 millones al mes. Casi el doble de lo que manda la Provincia. Pero, al menos por ahora, no pensamos en salir", se sinceró una fuente famaillense.

Tanto en Famaillá como en la capital coinciden en que el crecimiento electoral que ambos distritos tuvieron en las elecciones pasadas los catapultó políticamente y, llegado el caso, hasta podría "liberarlos" económicamente. En los comicios de 2011, Amaya obtuvo 191.000 votos. En tanto que Orellana cosechó 11.000 sufragios. "Todo nos hace prever que vamos caminando hacia la autofinanciación", llegó a advertir el escudero del amayismo en el Concejo, Germán Alfaro, en una de las primeras sesiones de esta gestión, el 24 de noviembre de 2011. La gran duda, por ahora, es si ambos líderes territoriales están decididos o no a dar ese paso.


RUMBO A LAS URNAS
 - "Somos una alternativa de izquierda".- "Integramos Alternativa Popular, junto a Pueblo Unido con Gumersindo Parajón y el PTP, porque desde la izquierda necesitamos una construcción unitaria y amplia que dé pelea en las movilizaciones y en las urnas para enfrentar al Gobierno, a su autoritarismo y corrupción", plantearon los dirigentes Clarisa Alberstein y Héctor Manfredo, precandidatos a diputado por esa alianza. Dijeron que tienen un programa con 30 propuestas. "Queremos llegar al Congreso para defender los derechos sociales de los que menos tienen y luchar por un cambio profundo, con derechos para los jóvenes, las mujeres y los trabajadores", afirmaron.

- Peronistas disidentes, con Massa.- Los dirigentes peronistas Juan Jesús Soria, Rubén Danese y Lucio Flores, de las 62 Organizaciones Justicialistas, resolvieron dar su apoyo al intendente de Tigre, Sergio Massa, y realizar una convocatoria para dejar constituida la mesa que promocione al precandidato a diputado hacia los comicios presidenciales de 2015.

- Rebaja en los sueldos de diputados.- "Que los diputados ganen como vos, como cualquier trabajador", es el título de la campaña que lanzó el Partido de los Trabajadores Socialistas, que integra el Frente de Izquierda con el Partido Obrero. "Los diputados tienen dietas que, sumado a viáticos, alcanzan los $ 100.000 mensuales. Se atienden en clínicas privadas y viven en los barrios más caros. Estamos impulsando una campaña nacional para que los diputados cobren lo mismo que cualquier trabajador. Llamamos acompañar al FIT para superar el piso proscriptivo del 1,5% en las PASO", dijo Juan Luis Véliz, precandidato a diputado.